La mayoría lo vivió en primera persona, lo experimentaron en sus propias carnes. Conocen la violencia machista desde cada ángulo, las experiencias comunes y las extraordinarias. Conviven con los sentimientos encontrados, el miedo, y lo que viene después: el duro proceso judicial, el maltrato institucional, las batallas que nunca acaban y, por supuesto, las heridas. Son las asociaciones de víctimas, una pieza imprescindible en la estructura contra la violencia de género en España. Son las muletas del sistema, las que tapan agujeros y arreglan las goteras de las instituciones. Si mañana desapareciesen de repente, viviríamos en un país muy distinto y peligroso para las mujeres.
Es lógico que suplan muchas veces al Estado porque surgieron así, fruto de la necesidad ante la inexistencia de una red de apoyo solida para atender y acompañar a las víctimas. Algunas tienen décadas de historia, y tras esta larga andadura, hace cinco años, algunas decidieron extender sus redes por la geografía española y se organizaron en la primera Federación del Consejo Nacional de Mujeres Resilientes de la Violencia de Género que aúna a más de treinta asociaciones y las que se siguen sumando al proyecto. No están solas, cuentan con el apoyo de otras organizaciones como Mujeres Juristas Themis, la Federación de Mujeres Progresistas, entre otras y abogadas de renombre como Altamira Gonzalo y Carmen Simón. Están adscritas a varias plataformas nacionales e internacionales y han creado una red que les permite atender a las víctimas en cualquier autonomía, e incluso al otro lado del charco. “Si contacta con nosotras una víctima de Galicia en vez de atenderla en la distancia, solo tenemos que derivarla a una asociación de allí con la tranquilidad de saber que la van a atender con todas las garantías”, explica Chelo Álvarez, presidenta de Alanna y quien ideó la organización estatal.
Una red muy potente y eficaz
Porque si una mujer está o ha estado en una relación de violencia son muchas las preguntas y necesidades que le pueden surgir. “Somos una red muy potente, si surge cualquier necesidad de acompañamiento, ir con una víctima a una cita judicial, médica o simplemente escucharla tenemos también el apoyo de las asociaciones más pequeñas, estamos muy preparadas”, apunta Álvarez.
“Hemos ayudado a muchas mujeres, nos organizamos muy bien y enseguida estamos apoyando y levantándolas. Hacemos todo lo que el estado no hace o se queda corto por culpa de las competencias y la diferencia entre territorios”, cuenta Olga Caldera, presidenta de la asociación AMAR.
Como llegan donde el Estado no alcanza conocen de primera mano las necesidades del sistema y por ello reclaman su voz. “Queremos que se nos escuche, estar donde se toman las decisiones, tener voz”, insiste Teresa Ballester de la asociación Somos Más. Porque aunque parezca mentira no se las tiene en cuenta a la hora de analizar qué falla y qué se puede mejorar del sistema, a pesar de sus dilatadas experiencias mano a mano con las víctimas. “No se debería tomar ninguna decisión sin contar con las víctimas, no tiene sentido“, insiste.
Más medios, más protección, más formación
Quizá incomode su precisión para señalar los errores y las fallas de las instituciones. Hay demasiados intereses cruzados y mucho individualismo en esta materia, aseguran. No buscan suplantar a las profesionales implicadas, al contrario, quieren formar equipo y trabajar codo con codo, pero sí que se les reconozca su labor a la que se dedican arañando el tiempo a su propia vida personal sin recibir nada a cambio. Tienen claro que para trabajar contra la violencia de género es imprescindible hacerlo en red, “no hay otra manera, nos tenemos que apoyar las unas en las otras”.
Al lidiar todos los días con los distintas problemas de estas mujeres su diagnóstico del sistema merece atención. Están preocupadas. Sienten que existen leyes y estructuras que en papel son magníficas, pero que en la práctica no funcionan. Por eso desde la Federación piden más medios y que “hasta el último céntimo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género vaya a una víctima” y se invierta debidamente. Les quita el sueño la desprotección de las víctimas tanto la policial, para evitar nuevos ataques, como la que se encuentran cuando estas mujeres cruzan el umbral de los juzgados y el sistema se ceba con ellas. Por todo ello exigen que se forme a todos los implicados en esta lucha, en especial, a jueces fiscales y abogados. Mientras, seguirán siendo ellas las que acompañen a las víctimas cuando lo necesiten aunque eso suponga “estar al teléfono dos horas con una mujer asustada” o acompañarla al juzgado porque ellas mismas saben cómo de solas y perdidas se sienten estas supervivientes de violencia cuando chocan con las instituciones.