Hace solo un año, Yolanda Díaz dio el pistoletazo de salida a la legislatura pavimentando el camino al acuerdo entre el Gobierno y los partidos independentistas catalanes para permitir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados. Hoy cierra un curso político difícil para el Ejecutivo, y en particular para el socio minoritario, tratando de recuperar su capital político centrada en el Ministerio de Trabajo, tras cuatro citas electorales que han contribuido a tensar al máximo las costuras de su proyecto político, Sumar.
El 2 de agosto de 2023, desde el parador de Bayona, aún eufórica por los 31 escaños logrados por Sumar en las elecciones del 23-J, anunciaba el primero de los pactos que acercaría a Junts y ERC al PSOE y que ayudaría a sellar la ley de amnistía, aprobada varios meses más tarde. Apenas unas semanas antes, en plena contienda electoral, desde Moncloa ya habían enfriado uno de los acuerdos que desde el Ministerio de Trabajo llevaban gestando durante 15 meses, el estatuto del becario, una forma de operar repetida en varias ocasiones, según los suyos. Hoy, la norma que persigue limitar las horas de prácticas y establecer diferencias claras entre esta actividad y el trabajo sigue en el cajón, mientras Sumar intenta reactivarla. Como busca abanderar las subidas del salario mínimo, y como defiende que los datos del mercado laboral están estrechamente vinculados a la reforma laboral aprobada hace tres años.
Díaz promete desde hace meses que esta será “la legislatura del tiempo”, y entre sus filas son conscientes de que la reducción de la jornada laboral es probablemente su mejor carta tras un año marcado por la ley de amnistía y por las convocatorias electorales, cuyos efectos se siguen dejando notar. La escasa producción legislativa y los malos resultados electorales han hecho mella entra los suyos, que consideran que la mejor baza para revertir la situación es vender gestión, especialmente en materia social. Y mantener esa suerte de cortafuegos que Díaz ha construido para evitar daños por las cuestiones internas.
La tensión constante con Podemos -su salida unilateral del grupo parlamentario les dejó con 27 diputados, y sus resultados en las elecciones europeas tampoco fueron tranquilizadores para Sumar-; pero también la falta de estructura orgánica hasta marzo, han hecho mella en el ánimo de las organizaciones que integran el proyecto de la vicepresidenta. En la última campaña electoral, para las europeas, los partidos aglutinados bajo su paraguas no escondían su desánimo de cara a esta cita con las urnas, así como cierta decepción por su incapacidad de “convencer” al PSOE para actuar desde el BOE.
Para la nueva etapa, el objetivo es concentrar el fuego en la gestión, dejar otras cuestiones al margen. Recuperar a la Yolanda Díaz de hace dos años, centrada en presumir de acuerdos con los sindicatos y la patronal. Gota a gota, el cambio de rumbo se deja ver: al arranque del anterior curso político, la vicepresidenta segunda se convertía en la primera integrante del Ejecutivo en fotografiarse con Carles Puigdemont, aun durante las negociaciones previas a la llegada de la ley de amnistía al Congreso, reconociéndolo como interlocutor válido y allanando el camino al PSOE. Esta semana, cuando ERC desveló su pacto con el PSC para investir a Salvador Illa, Díaz destacó que ambas fuerzas puedan llegar a acuerdos –“Es un salto cualitativo”-, pero no quiso valorar la letra pequeña. Apenas celebró con un mensaje en X (antes Twitter) el pacto entre Los Comunes y el PSC para la investidura de Salvador Illa. A pesar de que este versaba sobre vivienda, uno de los grandes problemas a los que la coalición PSOE-Sumar se comprometió a dar respuesta.
Tampoco aclaró si su grupo dará libertad de voto a los dos diputados de Compromís y al parlamentario de la Chunta Aragonesista que se han opuesto a la financiación singular para Cataluña. En una entrevista en RNE, la primera en una semana de alto voltaje político, Díaz reclamó “prudencia”, y enfatizó que el sistema de financiación autonómico lleva caducado desde 2014. Como también recordaban desde IU, la vicepresidenta segunda lleva meses defendiendo, en público y en privado, que la actualización del sistema es absolutamente necesaria. Incluso, que es posible, a pesar de que la mayoría de comunidades autónomas están gobernadas hoy por el PP, y de las diferentes necesidades de los territorios.
La reducción de la jornada laboral de 40 a 38 horas y media por semana es su principal caballo de batalla. Una medida que entre sus filas valoran como un acierto de forma unánime. La presión del PSOE por tratar de incluir a los empresarios en el pacto ha frenado la llegada de esta norma, que sí cuenta con el respaldo de los sindicatos. La misma patronal que bendijo la primera subida del SMI del Gobierno de coalición (2020) no ha vuelto a hacer lo propio, aunque Díaz defienda su buena relación. Tampoco quiso avalar el estatuto del becario hace algo más de un año, tras 15 meses de negociación. Y a pesar de que incorporaba algunas de sus propuestas. Más allá de registrar una proposición no de ley (PNL) para forzar a los grupos a posicionarse, en Sumar reconocen algunas conversaciones discretas, de momento informales, para intentar sacarlo del limbo.
Desde la ruptura formal con Podemos, en el PSOE le han afeado que no aferre con más fuerzas las riendas de su grupo parlamentario. También han rebajado sensiblemente el rol que Sumar se atribuía en las distintas negociaciones con el resto de fuerzas políticas. Desde septiembre, se volcará en vender nuevos acuerdos en el marco del diálogo social, y en incrementar la presión sobre el PSOE para dar cumplimiento al acuerdo de coalición. En su partido creen que es la mejor forma de convencer al electorado de su utilidad, y de mantener cohesionado un espacio que el último año ha vivido a temperatura de ebullición.