“Ahora sé de verdad lo que es que te duela el corazón”. Con esta frase lapidaria resume Estefanía la pesadilla que paralizó sus vidas hace dos años, cuando ingresaron a su pequeño Hugo, de cinco meses, y desde el hospital se activó el protocolo de maltrato infantil por un supuesto síndrome del bebé zarandeado. El periplo médico había empezado horas antes. Durante la toma de biberón con el padre, el bebé empezó a convulsionar. “Nunca imaginé que revisaría cada gesto de aquel día, cada movimiento que hice al correr por las prisas de la urgencia. Yo quería poner a mi hijo a salvo y terminé investigado por poner su vida en peligro”, relata con la voz temblorosa Luis Miguel Moreno al recordarlo.
Impotencia, rabia y resistencia. Es lo que sintieron durante los diez meses siguientes, desde que el 30 de junio de 2023 recibieron una notificación de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid con la retirada temporal de la custodia. El informe médico concluyó que el pequeño había sufrido un esguince cervical por el que lo operaron hasta cuatro veces en nueve día. Para los forenses que revisaron el caso, la lesión se produjo en realidad durante una de esas operaciones. Pero la trabajadora social del hospital ya había trasladado sus sospechas al juzgado. El día en que Estefanía y Luis Miguel creían que al fin les darían el alta “llegó una enfermera y me lo arrancó de las manos mientras le daba la papilla. Ni siquiera pude despedirme de él”.
El proceso fue aún más tortuoso. Durante casi diez meses apenas vieron a su hijo más que una hora a la semana y siempre vigilados. Ese era el régimen de visitas que les impusieron en la residencia a la que lo trasladaron. “Nos trataban como a maltratadores. Teníamos que dejar nuestro bolso fuera, no podíamos cambiarle el pañal o hacerle fotos. Casi no nos dejaban acariciarlo”. La situación era tan desesperante que se plantearon separarse con la única intención de poder recuperar a su hijo. Ya que el posible maltrato sólo se le imputó a Luis Miguel, pensaban que así al menos Estefanía podría recuperarlo. Servicios Sociales tampoco aceptó la posible tutela temporal de la abuela materna por creer que permitiría las visitas de los padres, poniendo a su entender en riesgo al niño.
Es el proceder habitual una vez que la maquinaria se activa ante la mínima sospecha. Según el Decanato de Barcelona, basta con que exista un 10 por ciento de probabilidad de que las lesiones son susceptibles de maltrato para que se active el protocolo. Y este porcentaje es extensible a la geografía nacional. “Yo entiendo que tengan que proteger al menor, pero cuando es cierto el maltrato. Si no se te para la vida”, clama Estefanía.
La suya costó recomponerla. Ambos siguen en terapia, con tratamiento psicológico porque el miedo a que les quiten a su hijo está siempre latente. “Si le doy un juguetito o si le dejo con alguien… No me quiero separar ni un instante de él. Cuesta no sentirse vigilada”. Incluso colocaron cámaras en varias estancias de su casa por si algún día tienen que volver a demostrar su inocencia. “Llegaron a insinuar que también maltrataba a mi mujer y que ella estaba ocultando lo que les hacía porque estaba sometida”, recuerda Luis Miguel con el pesar añadido de no haber recibido un perdón, pese a ganar la vía penal, civil y administrativa. Ahora su abogado litiga por una indemnización a la altura de un “daño infinito”.
287 días tardaron en recuperar oficialmente a su pequeño Hugo, que cumplió el año bajo tutela judicial. Además, pese a que la sentencia recogía que la devolución debía ser inmediata tardaron otros diez más en entregárselo. “Han tenido que enfrentarse a la presunción de culpabilidad”, matiza el letrado, que lleva otra decena de casos similares por toda España. “Ya hemos visto que ni siquiera una Anabel Pantoja está exenta de sospechas -apunta-. No hay que olvidar que cuando te investigan por maltratar a tu hijo cuesta que el entorno no estigmatice. Y así, hundida y estigmatizada tendrá que afrontar ahora un itinerario judicial imparable hasta que no se demuestre lo contrario”.