Envuelto en la bandera de la “regeneración democrática”, Pedro Sánchez esbozó este domingo algunas líneas de su plan que afecta a los medios de comunicación, y que tiene previsto aprobar el próximo mes.
Las medidas que pretende poner en marcha el presidente del Gobierno obligarán a dichos medios a dar a conocer quiénes son los propietarios, cómo se financian y una “medición objetiva” antes de poder acceder a cualquier subvención pública.
En este último apartado de la “medición objetiva” llevan trabajando casi un año en La Moncloa. Desde el Gobierno se ha venido solicitando información a las principales auditoras de medios digitales, según ha podido saber Artículo14.
En concreto, el Ejecutivo ha mostrado su interés en obtener datos para distinguir las llamadas “métricas de vanidad” de las “métricas de calidad” dentro del ecosistema de medios digitales. Con ello pretende tener elementos para señalar con números lo que Sánchez llama “pseudomedios”. Es decir, establecer un baremo que dé una apariencia de objetividad a la censura que se pretende hacer con algunas publicaciones.
¿Pero qué son estas métricas? Las de vanidad se centran en el volumen de usuarios únicos de un sitio, es decir, en el total de personas que han aterrizado al menos una vez al mes en una web a través de cualquiera de sus dispositivos. Este volumen de usuarios únicos, sin embargo, no ofrece una información completa de un medio digital, puesto que no es útil para identificar qué parte de esa audiencia corresponde a lectores fieles y qué parte corresponde a los llamados “paracaidistas” (los que han aterrizado en escasas ocasiones).
Para tener una fotografía más completa de las visitas que acumula una web, se usan las llamadas “métricas de calidad”, las cuales permiten observar datos como la audiencia media diaria y el inventario total de páginas visitas dentro de un mismo sitio. Ambos indicadores sirven para reflejar la concurrencia real de un medio y, por tanto, distinguir entre aquellos que tienen audiencias casuales y los que tienen audiencias leales.
Con los datos de las audiencias en la mano, Moncloa podría fijar unos mínimos para distinguir entre medios y “pseudomedios” dentro del plan de “acción democrática” que presentará el próximo mes de julio.
El presidente también endurecerá la Ley orgánica del derecho al honor y la rectificación, según adelantó ayer en una entrevista a La Vanguardia en la que insistió en la idea de que el PP y Vox son quienes financian a “pseudomedios” a través de sus gobiernos de coalición.
Con estas afirmaciones, Sánchez pretende justificar en la “máquina del fango” las informaciones publicadas sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez, que le han supuesto una imputación por los delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios.
La directiva europea
Ante las denuncias de intento de control de los medios, el presidente justifica sus medidas en la transposición de la directiva europea sobre medios aprobada hace un año. El Reglamento sobre Libertad de Medios de Comunicación arrancó en septiembre de 2022 y tras un acuerdo político entre Comisión, Parlamento y Consejo de la Unión Europea en diciembre de 2023, el texto entró en vigor el 7 de mayo de 2024.
Al ser un reglamento, es una ley de obligado cumplimiento para todos los estados miembros y debe aplicarse íntegramente sin necesidad de ajustarla a su ordenamiento jurídico. No es necesario trasponerla, como alega Sánchez para justificar su plan de control de medios de comunicación. Tras su entrada en vigor, se aplicará en España y en el resto de los estados en los próximos meses.
El Reglamento Europeo Sobre la Libertad de Medios de Comunicación ya obliga a las empresas de medios a publicar información sobre sus propietarios y a dar a conocer el importe anual que reciben de publicidad institucional por parte de las autoridades del Estado miembro al que pertenecen.
Sánchez pretende ir más allá en su cruzada. Ya lo advirtió desde Moncloa tras su retirada a meditar: “Esto no es un punto y seguido. Esto es un punto y aparte”. Serán los derechos a la información y a la libre expresión que recoge la Constitución los que le marquen hasta donde, o no.